El actual plan nacional del buen vivir contempla acciones multisectoriales que permitan el acceso permanencia de toda la población al sistema educativo nacional bajo un enfoque de inclusión y derechos. La nueva Ley de educación promulga la educación inclusiva como un proceso que entraña la transformación de las escuelas en espacios abiertos, la atención a la diversidad educativa y a la población en condiciones de vulnerabilidad: minorías étnicas, opciones religiosas, educandos afectados por el VIH y el SIDA y otras enfermedades catastróficas, estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje, situación de pobreza, trabajo infantil, migración, entre otras.
Para lograr una educación de calidad para todos y para el desarrollo de sociedades más inclusivas, es necesario implementar políticas, culturas y prácticas en la escuela y la comunidad.
Tanto los países desarrollados como los en vías de desarrollo se enfrentan a un desafío común: cómo lograr una educación de calidad y equitativa para todos los educandos. La necesidad de avanzar en la democratización efectiva de las oportunidades educativas para todos se puede basar en el concepto de inclusión para orientar las políticas y las estrategias nacionales que tratan de las causas y consecuencias de la exclusión en el marco holístico de los objetivos de la Escuela Para Todos (EPT).
La educación inclusiva, profundiza en la aplicación de estrategias y metodologías de atención a la diversidad del alumnado, tomando mayor atención en aquellas poblaciones más vulnerables y en riesgo de exclusión.